
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó posponer todos los recursos que existen de revocación en materia fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta que tome posesión la nueva integración del máximo tribunal en México.
El SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, alegó que, de no resolverse, podrían perder cuantiosos recursos públicos bajo el criterio que sostiene que, en el procedimiento de revocación, la autoridad fiscal está obligada a notificar nuevamente la resolución del crédito fiscal que se impugna cuando el contribuyente niega conocerlo.
En los expedientes electrónicos señalados por el SAT, en trámite ante diversos Tribunales Colegiados de Circuito, existen 65 asuntos fiscales pendientes de resolución, según se argumentó ante la SCJN.
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Contención temporal
El socio de Baker Tilly en México, Pedro Canabal, afirmó que las consecuencias prácticas del aplazamiento deliberado radican en que 65 casos no tendrán justicia pronta y específica, lo cual tiene impacto económico tanto para el fisco como para los particulares.
“El aplazamiento va para que sea la nueva Corte la que decida; al margen de las implicaciones jurídicas que pudiera tener sobre si el SAT debe o no notificar nuevamente la resolución del crédito fiscal impugnado”, expresó.
Canabal señaló que esta cuestión —aparentemente secundaria— es en realidad lo sustancial para garantizar un procedimiento administrativo correcto, con pleno respeto a las garantías de audiencia, legalidad y tutela judicial efectiva.
“La incertidumbre procesal es la que no debiera aplazarse. El aplazamiento es una contención temporal para permitir que la nueva conformación del organismo sea la que decida”, concluyó.
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Con seis votos
La posposición fue aprobada con los votos de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Margarita Ríos Farjat; así como de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Actualmente, cuando el SAT determina un crédito fiscal, este puede ser impugnado mediante un recurso de revocación ante el mismo SAT. La resolución puede ser posteriormente recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a través de un juicio contencioso administrativo.
La ministra Lenia Batres ha propuesto que todos los asuntos fiscales pendientes se voten en el Pleno de la SCJN para que los argumentos de cada ministra o ministro sean públicos y transparentes. Esta propuesta será votada el 1° de julio.
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Sheinbaum exige resolver juicios fiscales
La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la SCJN a resolver los juicios fiscales detenidos desde hace años, mediante los cuales grandes empresas han evitado pagar millonarios adeudos al fisco utilizando reiteradamente amparos.
“Hay algunos que están desde 2004… acaban sin pagar, siguen subiendo sus intereses”, dijo desde Palacio Nacional.
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Elektra deberá pagar deuda fiscal de 2 mil mdp, ordena tribunal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a Grupo Elektra liquidar un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos por omisión en el pago del ISR del ejercicio 2010.
Contexto: el 19 de junio, Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas, fue sentenciado por el Décimo Tribunal Colegiado a pagar otro adeudo por casi 2 mil millones de pesos, correspondiente al ISR de 2012.
En marzo de 2020, el SAT informó que Grupo Salinas acumulaba adeudos por más de 63 mil millones de pesos, incluyendo juicios fiscales y créditos fiscales del periodo 2008-2018.
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Grupo Salinas acusa arbitrariedad judicial tras nuevo revés
Grupo Salinas denunció haber sido víctima de una resolución judicial que calificó de arbitraria, ilegal y guiada por intereses políticos, al negar un amparo que consideran “sólidamente fundamentado”.
La empresa acusó a los magistrados de reproducir fallos sin considerar pruebas clave y de omitir elementos contemplados en la legislación.
“No se trata de decisiones aisladas, sino de una justicia alineada que responde a una agenda política”, advirtió Grupo Elektra.
A través de un comunicado, denunció un fenómeno preocupante:
“El Poder Judicial comienza a institucionalizar la extorsión fiscal desde los estrados judiciales, vulnerando —en lugar de proteger— los derechos de los contribuyentes”.
Anunciaron que solicitarán la revisión constitucional de la resolución ante la SCJN.
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Corte deja sin respaldo a TV Azteca
La SCJN rechazó el amparo promovido por Grupo Salinas contra un crédito fiscal de 2,447 millones de pesos, derivado de la omisión del ISR en 2009.
La ministra presidenta Norma Piña desechó la solicitud de atracción. El caso queda bajo la jurisdicción del Décimo Tercer Tribunal Colegiado, donde ha estado desde julio de 2022.
TV Azteca intentó recusar a los tres magistrados encargados del caso, pero el recurso fue desestimado.
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Litigios fiscales acumulados y presiones financieras
Grupo Salinas enfrenta otro proceso por una deuda fiscal de 2,615 millones de pesos del ejercicio 2013. La Sala Superior del TFJA ya validó la legalidad de estos créditos.
En caso de rechazo de amparos por parte de tribunales colegiados, sólo queda promover acciones ante la SCJN por motivos constitucionales, no para impugnar los hechos ni el fondo de las resoluciones del SAT.
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Carga fiscal acumulada
El empresario Ricardo Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales superiores a 5 mil millones de pesos. El SAT incluso embargó instalaciones de TV Azteca como medida precautoria.
Además, Grupo Elektra mantiene litigios fiscales por más de 41,500 millones de pesos, incluidos dos asuntos ante la SCJN cuya resolución ha sido aplazada por recusaciones y otros recursos.
