El 22 de agosto de 2025, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación una tesis aislada que representa un hito en la evolución de la administración de justicia en México. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estableció, por primera vez en la historia jurisprudencial mexicana, los elementos mínimos que deben observarse para el uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en procesos jurisdiccionales con perspectiva integral de derechos humanos.
Esta decisión surge de un caso concreto en el que el Tribunal empleó herramientas de IA para calcular el monto de una garantía relacionada con la inscripción de una demanda en los folios reales de inmuebles reclamados, en el marco de un recurso de queja interpuesto contra la decisión de un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto.
¿Qué motivó esta decisión?
Ante la ausencia de regulación específica para el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional, el tribunal realizó un ejercicio de autocontención judicial, adoptando lineamientos para su aplicación responsable. Esta iniciativa reconoce la realidad tecnológica actual y la necesidad de establecer parámetros claros que preserven los derechos fundamentales mientras se aprovechan las ventajas de la innovación tecnológica.
El tribunal fundamentó su decisión tomando como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional, particularmente las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea, el Reglamento del Parlamento Europeo sobre normas armonizadas en materia de IA, y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO.
Los cuatro pilares fundamentales para el uso responsable de IA
El tribunal estableció cuatro principios fundamentales que deben regir el uso de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales.
El primer pilar se refiere a la proporcionalidad e inocuidad, estableciendo que las herramientas de inteligencia artificial deben utilizarse únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar un fin legítimo. Es crucial que su aplicación se limite a facilitar razonamientos numéricos o cálculos técnicos, sin que alcance el razonamiento jurídico en la interpretación o aplicación de las normas. Esta limitación preserva el núcleo esencial de la función jurisdiccional y garantiza que la tecnología actúe como una herramienta de apoyo sin sustituir el análisis legal fundamental.
El segundo principio se centra en la Protección de Datos Personales, estableciendo que las personas juzgadoras deben emplear estas herramientas de manera que no se comprometa la protección de datos del expediente judicial. Este principio resulta fundamental para mantener la confidencialidad de la información sensible que maneja el sistema de justicia, requiriendo la implementación de medidas de seguridad robustas y el cumplimiento estricto de los marcos normativos de protección de datos vigentes.
El tercer pilar establece el principio de transparencia y explicabilidad, que impone una obligación dual: no solo informar que se utilizan herramientas de IA, sino exponer detalladamente la metodología empleada, los datos utilizados y la forma en que se arribó al resultado. Esta transparencia permite que el procedimiento sea auditado y comprendido tanto por las partes como por los órganos revisores, garantizando la trazabilidad del proceso decisorio y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.
Finalmente, el cuarto principio se refiere a la supervisión y decisión humanas, estableciendo que la tecnología debe operar exclusivamente como auxiliar y nunca como sustituto del juez. La deliberación y la decisión deben mantenerse en el ámbito estrictamente jurisdiccional, preservando la intervención humana como elemento indispensable en la administración de justicia. Este principio garantiza que, aunque la tecnología pueda asistir en procesos específicos, la responsabilidad final y el ejercicio del criterio judicial permanezcan bajo control humano.
Implicaciones para el sistema judicial mexicano
Esta resolución representa un cambio paradigmático en la administración de justicia mexicana. Al establecer estos lineamientos, el tribunal no solo legitimiza el uso de tecnología de vanguardia en procesos jurisdiccionales, sino que también crea un marco de referencia que otros órganos judiciales pueden adoptar.
La implementación de estas directrices permitirá una modernización gradual y responsable del sistema judicial, optimizando procesos administrativos mientras se preservan las garantías procesales y los derechos fundamentales de las partes.
Esto resulta particularmente relevante en un contexto donde la eficiencia judicial y la reducción de cargas de trabajo son prioridades del sistema de justicia. Los lineamientos establecidos ofrecen una ruta clara para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, como la velocidad en cálculos complejos y la precisión en operaciones matemáticas, sin comprometer los valores fundamentales que sustentan el Estado de derecho.
Contexto internacional y mejores prácticas
La decisión del tribunal mexicano se alinea con las tendencias internacionales más avanzadas en materia de justicia digital. Países como Estonia, Singapur y algunos estados de Estados Unidos han implementado sistemas de IA en sus procesos judiciales, siempre bajo estrictos protocolos de supervisión humana y transparencia.
El enfoque adoptado por el tribunal mexicano destaca por su equilibrio entre innovación tecnológica y protección de derechos, estableciendo un modelo que puede servir de referencia para otros sistemas judiciales en América Latina. Sin embargo, el camino de regulación de la IA no solamente debiera partir del sistema judicial o de un precedente, sino que debe nutrirse del trabajo y discusión legislativa y la realidad en constante evolución.
La experiencia internacional demuestra que la implementación exitosa de estas tecnologías requiere un enfoque cuidadoso que considere tanto las oportunidades como los riesgos. Los marcos regulatorios desarrollados en estas jurisdicciones enfatizan consistentemente la importancia de mantener la supervisión humana, garantizar la transparencia y proteger los derechos fundamentales, principios que el tribunal mexicano deberá tomar en cuenta, al integrar IA a sus resoluciones.
Desafíos y oportunidades para la implementación
Para las instituciones judiciales, esta decisión implica varios desafíos significativos. Será necesario desarrollar programas de formación para personas juzgadoras sobre el uso responsable de herramientas de IA, incluyendo sus limitaciones y alcances. Las instituciones deberán invertir en infraestructura tecnológica que garantice sistemas seguros con protección adecuada de datos y la trazabilidad de los procesos. Asimismo, se requerirá el desarrollo de protocolos de supervisión y mecanismos de control y auditoría que aseguren el cumplimiento de los principios establecidos.
Para los profesionales del derecho, esta nueva realidad representa tanto un desafío como una oportunidad. Los abogados deberán familiarizarse con estas nuevas herramientas para poder ejercer efectivamente sus derechos de defensa y comprender los procesos judiciales que las involucren. Se abre también un campo de especialización en derecho y tecnología que demandará profesionales con conocimientos híbridos, capaces de navegar tanto el marco legal como las implicaciones tecnológicas de estos desarrollos.
Para las partes en procesos judiciales, estos lineamientos representan un avance significativo en términos de transparencia procesal. Los justiciables tendrán derecho a conocer cuándo y cómo se utiliza IA en sus casos y, además, podrán desarrollar nuevos mecanismos de impugnación que les permitan cuestionar el uso inadecuado de estas herramientas como parte de sus derechos procesales.
Hacia una justicia digital responsable
Esta decisión judicial marca el inicio de una nueva era en la administración de justicia mexicana. La adopción de principios éticos claros para el uso de IA representa un enfoque proactivo que busca aprovechar las ventajas de la tecnología sin comprometer los valores fundamentales del sistema judicial.
La innovación tecnológica y la protección de derechos humanos no son conceptos antagónicos, sino que pueden coexistir bajo un marco normativo adecuado. Este precedente es el inicio para establecer las bases para una transformación digital del sistema judicial que sea tanto eficiente como respetuosa de los derechos fundamentales.
La implementación exitosa de estos lineamientos requerirá una colaboración estrecha entre el Poder Judicial, la academia, el sector tecnológico y la sociedad civil. Solo a través de este esfuerzo conjunto será posible construir un sistema de justicia que aproveche plenamente el potencial de la inteligencia artificial mientras preserva los principios democráticos y el Estado de derecho.
La tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación representa más que una simple resolución judicial; constituye una hoja de ruta para la modernización responsable del sistema de justicia mexicano. Su correcta implementación será crucial para asegurar que México se mantenga a la vanguardia en la adopción de tecnologías emergentes en el ámbito judicial, siempre bajo el marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías procesales.
Esta decisión judicial es una muestra de que la justicia mexicana debe estar preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI, adoptando la innovación tecnológica como una herramienta para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial, sin sacrificar los principios fundamentales que sustentan el Estado democrático de derecho.
En Baker Tilly entendemos que la intersección de la inteligencia artificial y el derecho representa uno de los desafíos más complejos del panorama jurídico contemporáneo. Nuestro enfoque y experiencia combina el rigor técnico necesario para navegar los nuevos estándares éticos establecidos por el sistema judicial mexicano con la claridad práctica que nuestros clientes requieren para integrar IA de manera responsable en sus procesos empresariales, transformando estas herramientas en un verdadero apoyo operativo y no en una carga adicional.
No dudes en contactar a nuestros especialistas en Derecho y Tecnología. Nuestro objetivo es transformar la incertidumbre regulatoria en oportunidades estratégicas, ayudando a nuestros clientes a innovar de manera responsable mientras cumplen con los principios de proporcionalidad, protección de datos, transparencia y supervisión humana que ahora rigen el uso de inteligencia artificial en el ámbito legal mexicano.
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