Paquete Económico 2027: recaudar más sin subir impuestos, el gran reto de las finanzas públicas mexicanas

La presentación del Paquete Económico 2027 permite observar con mayor claridad hacia dónde se dirige la política fiscal mexicana. Como ocurre cada año, las primeras miradas suelen concentrarse en las grandes cifras: cuánto espera crecer la economía, cuánto pretende recaudar el Gobierno, cuánto gastará, cuál será el déficit o cuál será el nivel de endeudamiento. Sin embargo, detrás de esos números existe una definición de política pública que me parece mucho más relevante.

México busca aumentar su recaudación sin recurrir, por ahora, a una reforma fiscal tradicional basada en la creación de nuevos impuestos generales o en el incremento de las tasas existentes. La apuesta consiste en obtener más recursos del sistema tributario actual: mejorar la fiscalización, utilizar más intensamente la información disponible, controlar determinadas deducciones, incrementar la participación de terceros en la retención de impuestos, combatir operaciones inexistentes o simuladas y cerrar espacios de evasión y elusión.

Esta estrategia debe analizarse conjuntamente con la otra mitad de la ecuación: un gasto público que mantiene compromisos importantes en materia de bienestar, pensiones e infraestructura, mientras el Gobierno busca avanzar gradualmente hacia una consolidación fiscal de manera responsable. El paquete es también una señal bastante clara de cómo pretende el Estado mexicano relacionarse fiscalmente con empresas y contribuyentes durante los próximos años.

Un escenario económico moderado

Los Criterios Generales de Política Económica para 2027 parten de un crecimiento real del PIB de entre 1.5% y 2.5% con una inflación estimada de 3% al cierre del año, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, una tasa de CETES a 28 días de 6% y un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril. No estamos ante un escenario construido sobre una expansión económica extraordinaria, lo que vuelve todavía más relevante el desempeño de los ingresos públicos.

En materia fiscal, Hacienda proyecta un déficit presupuestario de 3.4% del PIB con Requerimientos Financieros del Sector Público por 3.9%, un superávit primario de 0.6% y un saldo histórico de esos requerimientos equivalente a 55% del PIB. Consolidación fiscal no significa eliminar el déficit inmediatamente ni realizar un recorte generalizado del gasto, sino buscar una reducción gradual de los desequilibrios y estabilizar la trayectoria de la deuda.

Para lograrlo existe una variable particularmente importante: la recaudación. Hacienda estima que los ingresos tributarios pueden alcanzar 15.9% del PIB apoyados en medidas de fiscalización, combate a delitos fiscales, cierre de espacios de elusión y facilitación del cumplimiento. Éste es, desde mi perspectiva, uno de los números fundamentales del paquete.

Más de 10.6 billones de pesos de ingresos

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 estima ingresos totales por 10.636 billones de pesos de los cuales alrededor de 6.264 billones provendrían de impuestos. El ISR continuaría siendo el principal impuesto federal, con cerca de 3.289 billones; el IVA aportaría aproximadamente 1.768 billones; el IEPS, alrededor de 828 mil millones, y los impuestos al comercio exterior, aproximadamente 232.5 mil millones.

Estas cifras confirman un cambio estructural: la recaudación tributaria adquiere cada vez mayor relevancia dentro del financiamiento del Estado. Pero el paquete también contempla ingresos derivados de financiamientos por cerca de 1.48 billones de pesos, por lo que la estrategia de 2027 combina tres elementos que deberán mantenerse en equilibrio: recaudación, gasto y endeudamiento de forma sostenible.

ISR: una reforma con dos velocidades

Por una parte, existen medidas de simplificación y ampliación del Régimen Simplificado de Confianza conocido como RESICO. Para las personas físicas se propone incrementar el límite anual de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos y permitir que determinados contribuyentes regresen al régimen después de ponerse al corriente. Para las personas morales, el límite aumentaría de 35 a 50 millones de pesos. El mensaje es facilitar el cumplimiento y ampliar el universo potencial de contribuyentes.

Pero existe una segunda vertiente mucho más relevante para empresas de mayor tamaño: un nuevo mecanismo para controlar las deducciones de personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Cuando las deducciones sean iguales o inferiores al 96.67% de los ingresos acumulables, sólo podrá aplicarse el 99% de ellas; cuando excedan ese porcentaje, el máximo deducible será precisamente el 96.67% de los ingresos acumulables. Las cantidades no deducidas podrían utilizarse durante los 20 ejercicios siguientes.

La exposición de motivos vincula la medida con la detección de facturas falsas, conceptos artificiales, gastos ajenos al negocio y planeaciones fiscales agresivas. Tradicionalmente, una reforma fiscal se asocia con subir una tasa, pero existe otra manera de aumentar la recaudación: controlar la base sobre la cual se calcula el impuesto. Para las empresas, esto obliga a prestar mucha mayor atención a la calidad de las deducciones, su documentación, su vinculación con la actividad económica y su materialidad.

La fiscalización se acerca cada vez más a la operación

La Ley de Ingresos propone una retención de ISR de 2.5% para determinadas personas morales que obtengan ingresos mediante plataformas digitales, que podría llegar a 20% cuando no proporcionen RFC. En IVA se plantean retenciones de 50% con RFC y de 100% sin él, además de otros supuestos relacionados con residentes en el extranjero y pagos depositados en cuentas fuera de México.

Más allá de los porcentajes, importa la lógica. En el modelo tradicional, el contribuyente realiza la operación, determina el impuesto, declara y paga. El nuevo modelo permite que la autoridad se aproxime al momento de la operación: un tercero retiene, informa y entera al SAT, lo que reduce los espacios para el incumplimiento. Además, el SAT deberá implementar un programa de verificación para contribuyentes del Título III de la Ley del ISR, por lo que la fiscalización ya no se concentra exclusivamente en los grandes contribuyentes.

De revisar declaraciones a reconstruir operaciones

Después de haber trabajado durante más de dos décadas dentro del SAT, considero que éste es uno de los elementos que empresarios y consejos de administración deben observar con mayor atención. La autoridad dispone de CFDI, declaraciones, información bancaria en los supuestos legales correspondientes, operaciones de comercio exterior, información de terceros y retenciones que le permiten construir perfiles de riesgo y realizar cruces de información.

Por eso el concepto de cumplimiento también está cambiando. Tener un CFDI ya no necesariamente agota la discusión sobre una operación: la empresa debe poder acreditar que lo registrado realmente ocurrió, que existe una razón económica y que documentos, pagos, contabilidad y movimientos físicos cuentan una historia congruente. Materialidad, trazabilidad y razón de negocios se convierten en asuntos de gobierno corporativo y administración de riesgos.

Derechos: no todo son incrementos

La reforma a la Ley Federal de Derechos propone incrementos en determinados servicios migratorios y consulares, uso del espacio aéreo e infraestructura ferroviaria: un aumento de 35% en cierto derecho migratorio, de 66% y 153% en determinados servicios de visas, de 10% por uso del espacio aéreo y, para ciertos operadores ferroviarios, una contraprestación que pasaría de 1.25% a 3% de los ingresos brutos.

Sin embargo, en determinadas bandas del espectro radioeléctrico se propone una reducción de 12% para favorecer inversión, infraestructura y cobertura. Los derechos también pueden utilizarse como herramienta de política económica: aumentar donde existe un rezago respecto del costo del servicio y reducir donde se pretende incentivar inversión.

¿En qué se gastarán los recursos?

El Presupuesto de Egresos establece un gasto neto total de 10.636 billones de pesos y un déficit cercano a 1.359 billones. Los programas sociales prioritarios superan un billón de pesos encabezados por la Pensión para Adultos Mayores, con aproximadamente 543.5 mil millones, y las Becas Benito Juárez, con 190.6 mil millones.

Dos cifras ilustran las presiones estructurales: las pensiones y jubilaciones alcanzarían alrededor de 1.841 billones de pesos y el costo financiero, 1.575 billones; en conjunto, más de 3.4 billones de pesos anuales. A medida que crecen los gastos obligatorios, disminuye el margen de maniobra para reasignar recursos, por lo que la discusión sobre ingresos no puede separarse de la discusión sobre gasto.

Aun así, el paquete mantiene una apuesta por la infraestructura: la inversión física aumentaría alrededor de 3.5% real hasta cerca de 1.027 billones de pesos, con prioridades en trenes, energía, agua, carreteras y logística. Los proyectos ferroviarios prioritarios suman aproximadamente 150.9 mil millones de pesos.

Los aranceles también forman parte de la estrategia

Aunque el informe arancelario no constituye una reforma fiscal para 2027, muestra la dirección de la política industrial mexicana. Durante el periodo informado se modificaron aranceles de 185 fracciones arancelarias en sectores como químicos, cosméticos, papel, textiles, acero, aluminio, autopartes, material eléctrico, bicicletas y muebles, y se ajustaron los Programas de Promoción Sectorial para las industrias eléctrica, electrónica y automotriz.

La lógica parece ser proteger determinados productos nacionales frente a presiones externas, pero mantener mecanismos para que la industria acceda competitivamente a insumos. El arancel adquiere así una función cada vez más visible como instrumento de política industrial con consecuencias para la inversión, la localización de cadenas productivas, el contenido nacional y el nearshoring.

Una ecuación ambiciosa

Si resumiéramos el paquete en una sola ecuación, sería: mayor recaudación + bienestar + inversión pública + crecimiento + consolidación fiscal gradual. Cada componente condiciona a los demás. Según los propios Criterios, un incremento de 100 puntos base en las tasas de interés costaría alrededor de 37.9 mil millones de pesos adicionales en costo financiero, mientras que medio punto adicional de crecimiento podría generar unos 30.2 mil millones adicionales de ingresos tributarios.

¿Qué debe hacer la empresa?

Mi conclusión no sería prepararse simplemente para pagar más impuestos. Hay que fortalecer la gestión del riesgo fiscal dentro de la organización. Las empresas deberían preguntarse si pueden acreditar adecuadamente sus deducciones, si conocen a sus proveedores, si existe materialidad detrás de sus operaciones, si las transacciones tienen razón de negocios y si CFDI, contratos, bancos, contabilidad y declaraciones son congruentes.

La autoridad puede seleccionar mejor a quién revisar, lo que permite una fiscalización más eficiente, pero también que las inconsistencias se detecten con mayor rapidez. Para un contribuyente cumplido, la respuesta adecuada no debería ser temer a la fiscalización, sino estar preparado para demostrar su cumplimiento en todo momento.

El verdadero reto de 2027

El paquete presenta elementos favorables, como el mantenimiento de la inversión física, la ampliación del RESICO y programas sociales relevantes, pero también desafíos: un déficit todavía significativo, deuda cercana a 55% del PIB, crecimiento de pensiones, elevado costo financiero y una dependencia importante de que la recaudación siga aumentando.

La pregunta de fondo es si México puede construir una política fiscal capaz de recaudar mejor, gastar mejor y generar condiciones para crecer. Una fiscalización eficiente debe combatir la evasión y la simulación, pero también dar certeza a quien invierte, produce, genera empleo y cumple.

La mejor política tributaria no debería medirse únicamente por cuánto recauda, sino por su capacidad para generar confianza, formalidad, inversión y crecimiento. México necesita ingresos públicos suficientes y también empresas fuertes. Ambos objetivos no son incompatibles.

En Baker Tilly México acompañamos a las empresas a fortalecer su gestión del riesgo fiscal y a prepararse para los cambios del Paquete Económico 2027.

Artículo publicado originalmente en Forum News, edición de octubre de 2026.